El Parlante

Periódico Académico de Divulgación, Ciencia & Tecnología y Opinión de la Realidad Nacional, con óptica universitaria y patriótica.

Divulgación Economía Ensayo Especiales

Apuntes no matemáticos de economía – Apuntes sobre intervención – Los impuestos

La carga fiscal o la confiscación de la propiedad

Dando secuencia a las entregas, y dentro de los apuntes sobre intervención, hoy tocaré el asunto de los impuestos, recordando que toda esta parte de los apuntes se refiere a la intervención que hace el estado en el libre intercambio entre individuos.

En el mundo anglosajón se utiliza las palabras “Tax Payers” para denominar a los pagadores de impuestos, no recurren al eufemismo que utilizamos en el mundo latino, “contribuyentes”. Los impuestos son una imposición de una organización que posee el monopolio legal del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la violencia para lograr sus fines, de ese modo para financiar esa organización se recurre a la imposición de cuotas a los habitantes de un territorio, es decir, acceden a una porción de la propiedad de sus habitantes por medio de la fuerza y en contra partida la organización por lo general ofrece “seguridad” y “justicia”, caso contrario corren el riesgo de perder legitimidad o ser reemplazados por otra organización.

Acemoglu y Johnson, distinguen entre «instituciones contratantes» (por ejemplo: tribunales) que hacen cumplir los acuerdos entre ciudadanos privados e «instituciones de derechos de propiedad» que protegen a los ciudadanos de la expropiación del gobierno. Encuentran que las instituciones de derechos de propiedad son más importantes que las instituciones contratantes para el desempeño económico.

En otras palabras, la expropiación estatal a través de violaciones de los derechos de propiedad son más perjudiciales para el desempeño económico que la depredación de particulares contra otros particulares. Una explicación para esto es que las personas a menudo pueden evitar la depredación privada a través de mecanismos privados o evitando la interacción con ciertas personas (boicot).

Por el contrario, cuando el gobierno se dedica a la depredación, es difícil para los ciudadanos evitarlo, ya que el alcance del gobierno suele ser más amplio que el de los particulares, cuando el asunto es recaudar o saquear (Boettke, 2010).

Peter Boettke

Más adelante explicaremos el proceso de formación de las jerarquías políticas y cómo éstas se forman únicamente con la generación de excedentes de producción.

Los impuestos son confiscaciones legalizadas por parte del Estado a los habitantes de la región geográfica bajo la jurisdicción de aquel. La representación del poder político en la figura del Estado como hoy conocemos es relativamente nueva.

Históricamente como veremos más adelante, el poder político u orden vía taxis, es asumido por los líderes familiares que por la fuerza se imponen a otros grupos sociales, que luego se transforman en los príncipes, reyes y demás nobles, luego los líderes religiosos, hasta que finalmente el poder político asume la figura abstracta de Estado, en forma de democracias, oligarquías, autocracias u otra forma, vía “contrato social” en el que varios individuos ostentan el poder político por tiempo determinado sea de forma directa en cargos de poder o indirecta dentro de la institución burocrática del Estado, donde la preferencia temporal ejerce una influencia devastadora, al reducirse el plazo temporal en que la autoridad asume el poder político, asume una función de capataz de los bienes «públicos», no es su propiedad, por lo que no existen estímulos para mantener el capital, por tanto se procede al consumo de dicho capital, sea por medios legales o no.

Ahora bien, ¿cuál es la función que el Estado cumple en el orden social artificial?, pues básicamente es de común aceptación que fuera de un ámbito totalitario, ejerce una función de defensa ante agresión externa y servicios de suministro y aplicación de la justicia. Para cumplir estas funciones básicas se financian por medio de confiscaciones denominadas impuestos que históricamente no superaban el 10%, por una cuestión de que, si fuera mayor, el Rey o Príncipe corría el riesgo de perder su legitimidad. Posteriormente los que ostentan el poder político van auto-asignándose funciones cada vez mayores, como suministro de salud pública, educación, regulaciones de calidad, intervenciones en el mercado debido a lo que algunos denominan “fallos de mercado”, constituciones garantistas, subsidios y pretensiones de instaurar un Estado de Bienestar, etc., siempre con un tenor loable de la búsqueda del bien común.

“El reconocimiento de que existen un conjunto de necesidades básicas, sin las cuales el desarrollo de las personas puede verse limitado, ha sido recogido en diversos ordenamientos políticos y constitucionales, los cuales han establecido como una de las funciones del Estado el garantizar condiciones de igualdad de oportunidades para sus ciudadanos. Así, el acceso a la salud, la seguridad, la educación, el agua potable y la vivienda, entre otros, ha sido establecido como una obligación del Estado en diversos ordenamientos jurídicos, como los europeos y los latinoamericanos, bajo el concepto de “servicio público”” (Ruiz, 2018).

Sin embargo, a cada atribución asumida, mayor debe ser la fuente de financiación, considerando, los altos costos de transacción de algunas sociedades, la carga fiscal va aumentando a tal punto que en nuestros días todos los bienes y servicios que el individuo requiere para la satisfacción de sus requerimientos están cargados con impuestos, lo que necesariamente los encarece. Tenemos los impuestos al valor agregado, que recae sobre el consumidor final, también los impuestos selectivos al consumo que busca explícitamente desestimular el consumo, aranceles a productos importados, tenemos el impuesto inmobiliario, las tasas municipales, los cargos por autorizaciones legales, luego los impuestos a la renta personal, a sociedades a las empresas comerciales, agrícolas, industriales, etc.

Los efectos distorsivos de los impuestos en un mercado además de lo ya expuesto cuando tratamos el problema de la inflación, se manifiestan en la medida en que modifica toda la estructura de renta, valoraciones, precios relativos, etc. generando un nivel de gasto mayor, pero de consumo inferior debido a que los impuestos son recargados en los precios finales que recaen en el consumidor. La proporción de la renta destinada a la financiación de la cosa pública, por el tamaño y organización centralizada del propio Estado, cae en un manejo necesariamente ineficiente, comparado con las asignaciones que se les daría en un ámbito de mercado.

Cae en el problema del manejo del conocimiento disperso y la dificultad del cálculo económico que realizaría un individuo que manejara sus propios fondos buscando su propio beneficio, pero en la administración pública, difícilmente la búsqueda de lucro, el beneficio particular y el beneficio social van de la mano y aún si así fueran, el costo de la organización burocrática que se debe mantener para que las fuerzas políticas cumplan su cometido es generalmente muy elevado.

La imposibilidad del cálculo económico dentro de la administración pública se refiere a que, si no existe el estímulo de la búsqueda del lucro, es decir, mayores beneficios que gastos, las entidades públicas proceden a ejecutar sus presupuestos sin la búsqueda permanente de una reducción de costos. Es más, los individuos en los estamentos públicos deben necesariamente proceder de manera tal, como para utilizar al máximo el presupuesto que ha sido aceptado previamente, es decir, se estimula el despilfarro y se castiga el ahorro o la eficiencia, ya que, en caso de eficiencia o ahorro, el estamento público eficiente será penado con una disminución presupuestal al siguiente año.

Esos costes son absorbidos por toda la población. El encargado de la ingeniería social no siente en sus bolsillos. Esos costes son distribuidos entre todos los habitantes, por lo que a corto plazo pasan inadvertidos, pero a mediano y largo plazo se traduce en pobreza.

Existen innumerables impuestos, y cada día proliferan legislación para nuevas maneras de financiar los gastos del Estado. Es más como gran parte de los gobiernos cubren sus déficits públicos, como sus “gastos de infraestructura” con préstamos o endeudamiento, llámese emisión de bonos soberanos u otro instrumento de deuda cualquiera, los acreedores o potenciales prestamistas necesitan garantías de que tales préstamos podrán ser pagados por el Estado, por lo que las grandes entidades internacionales como FMI, BM, y otros recomiendan a los países mejorar su fiscalidad, es decir, garantizar la mayor recaudación posible vía impuestos, por lo que en Paraguay se utiliza hasta al sistema bancario como agentes de suministro de información al organismo de recaudación nacional.

Los impuestos como el Impuesto al Valor Agregado o los Impuestos Selectivos al Consumo, solo tienen la función de recaudar fondos para sostener a la maquinaria estatal, ambos solo aumentan el precio final de los productos, haciendo con que los consumidores deban pagar más por los bienes adquiridos. Como decía Ludwig Von Mises, cada céntimo gastado por el Estado es un céntimo no gastado por la ciudadanía.

Luego existen los impuestos a la Renta o a la ganancias, estos tienen un efecto que en los términos de Hans Hermann Hoppe podemos denominar como “des-civilizadores” pues, gran parte de los que tienen renta, en especial clase media, buscaran la manera de reducir al máximo el pago de impuestos, esto es, preferirán conducir sus excedentes a la adquisición de bienes ya sea en forma de propiedades, bienes de consumo o de consumo duradero, en detrimento del ahorro, lo cual distorsiona los términos en que los individuos intercambian bienes y servicios dentro del ámbito del mercado.

Es decir, el impuesto no solo es una confiscación de propiedad, es un encarecedor de precios y además es un castigo al ahorro.

Por Victor Ocampos

Bibliografía

Boettke, P. (2010). Handbook on Contemporary Austrian Economics. Cheltenham: Edward Elgar.

Ruiz, G. (Abril de 2018). Soberanía del consumidor y la libertad de elegir en daises en desarrollo. Revista de Economía Institucional, 20(38).

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