Siguiendo con los apuntes correspondientes a las distintas intervenciones del Estado en lo que denominamos orden espontáneo del mercado, esta vez estaremos analizando los temas más delicados, ya que son dos puntos considerados como atribuciones históricas del Estado y además, por lo general no son abordados como bienes escasos, por lo que suele resultar algo contra-intuitivo analizarlos desde ese punto de vista.

Justicia y Seguridad

Desde el momento en que la población humana empezó a aumentar paulatinamente los recursos de la naturaleza se van tornando escasos, lo que da inicio a conflictos de intereses, ya sea entre individuos como de grupo de individuos. Los hombres van desarrollando relaciones sociales y con ella las nociones de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. La justicia es un concepto demasiado amplio para ser abordado en este trabajo, pero para el objetivo de este ensayo, permítanme dar algunos bosquejos sobre ella y sobre quien asume el suministro de tan importante servicio para la prosperidad de una sociedad.

Los antiguos griegos personificaban la justicia en la diosa Temis, quien era asesora del dios Zeus, y podía dictar sentencia hasta a los propios dioses y la encargada de que se cumpliera la justicia entre los hombres era Diké. En Roma la diosa “iustitia” era representada por una mujer que sustentaba en una mano una balanza y en otra un ramo de espigas, indicando que con justicia se logra prosperidad. De aquí parte las bases de lo que se denomina ius naturalismo, una fuente suprema de reglas y derechos universales inalienables del hombre. Posteriormente en occidente, la iglesia asume un papel preponderante en el suministro de leyes y justicia. En este aspecto tenemos a San Agustín y Santo Tomás de Aquino quienes consideraban la justicia como una de las virtudes cardinales, Santo Tomás lo define como la virtud por la cual a las personas se les otorga lo debido. Para ellos las leyes eternas son las provenientes de Dios y ninguna ley temporal (humana) debe ir contra las leyes divinas, una ley injusta deja de ser ley.

Ya Thomas Hobbes consideraba la justicia como una virtud artificial, necesaria para la convivencia pacífica de la humanidad. Consideraba que en estado de naturaleza el ser humano es violento, el hombre es el lobo del hombre, es un empirista radical que reniega de cierto modo las leyes de origen divino y considera que los humanos delegan el poder de toma de decisiones de última instancia para la resolución de conflictos a un tercero, superior al individuo humano, el cuál es el Leviatán, o Estado. Compara las leyes de la sociedad civil a cadenas artificiales obligándonos a obedecer la soberana autoridad del estado en nombre de la justicia, ley de la justicia nos obliga a obedecer las leyes positivas del Estado (Hobbes, 1651). Tanto Hobbes, Locke y Rousseau proponen la idea del contrato social, en el que se supone que la voluntad general debe imponerse a la voluntad individual. Sin embargo David Hume considera que la razón está sometida a las pasiones, y que la justicia tiene su trasfondo psicológico en una combinación de interés propio y simpatía por los demás. Para Hume, la justicia tiene tres principios fundamentales que son: la estabilidad de la posesión, su transferencia por consentimiento y el cumplimiento de promesas. Kant agrega el imperativo categórico que en mi opinión nos da la base para la aplicación universal de la ley (Pomerleau).

Las costumbres de un pueblo también van generando justicia por orden espontáneo, basándose así en la jurisprudencia se va formando la “common law” anglosajón. Los conflictos que nacen con la interacción humana en un ámbito de escasos recursos pueden resolverse por la fuerza, es decir por la imposición del más fuerte o del más astuto, pero esto supone que no se generarían los incentivos necesarios para el intercambio y la división del trabajo, en el que se basa la prosperidad. Para que una sociedad pueda prosperar se tuvo que dejar de lado este medio de “resolución de conflictos”, debiendo entonces proceder a la resolución de conflictos y cuestiones humanas mediante una ley pre-existente, que serían las leyes naturales inmutables, o normas de convivencia pacífica que se formaron posiblemente por medio de algo que los biólogos llaman estrategia evolutiva estable. Para ello, se recurre siempre a la figura del tercero imparcial que recibe el nombre de juez, que generalmente era el individuo más respetable de la comunidad. A medida que la autoridad política aumentaba su cuota de poder, la justicia pasa a ser prerrogativa de la autoridad, esta autoridad podía estar basada en la iglesia, como la inquisición instaurada en el concilio de Letrán, pero también pudo ser limitada como en la Carta Margna de 1215, en Inglaterra cuando se consagra el debido proceso legal para la resolución de conflictos (Centurión, 2004).

La necesidad de justicia nace de la necesidad de proteger la propiedad privada del individuo, desde su propio cuerpo hasta el lugar que ocupa, pasando por las herramientas frutos de su trabajo, apropiación originaria o adquisición consentida. Sin embargo como hemos visto es generalmente aceptado que hoy día el suministro de justicia, de leyes y de seguridad está en manos de una institución, cual es el Estado, al ser el Estado el único ente autorizado a impartir justicia, hacer cumplir las leyes y proveer legislación, desde la perspectiva económica, estamos ante un monopolio puro. Una de las definiciones más aceptadas de Estado es la de la organización de individuos que posee el monopolio territorial de la toma de decisiones de última instancia como del uso legal de la violencia. Pero como hemos visto ya cuando analizamos los monopolios, ésta es aborrecida debido a que el monopolista no tiene los incentivos como para suministrar su producto a mejor calidad o a mejor precio para los consumidores, pues la carencia de competencia, lo conduce a la natural búsqueda de minimizar esfuerzos y maximizar beneficios, lo cual se traduce generalmente en bienes de baja calidad y precios elevados.

Molinari y Hoppe consideran que solo porque existe escasez de medios satisfacientes, existe la necesidad de formular leyes para evitar los conflictos interpersonales.

El reconocimiento de la escasez no es sólo el punto de inicio para la economía política; éste también representa el punto de inicio de la filosofía política. Obviamente, si hubiese una superabundancia de bienes, no habría problemas económicos en absoluto. Con una superabundancia de bienes tal que mi uso presente de los mismos ni reduzca mi propio suministro futuro ni el suministro presente o futuro de otra persona, los problemas éticos sobre el bien o el mal, lo justo o lo injusto no surgirían al no darse un conflicto sobre el uso de tales bienes escasos. Sólo mientras los bienes sean escasos es que se hacen necesarias la economía y la ética. De la misma manera, de igual forma en que la respuesta al problema de la economía política debe ser formulada en términos de reglas que limiten los posibles usos de recursos en tanto que recursos escasos, la filosofía política debe responder a partir de los derechos de propiedad.

Para evitar conflictos ineludibles, ésta debe formular un conjunto de reglas que asignen derechos de control exclusivo sobre bienes escasos (nótese que en el Jardín del Edén, tanto el cuerpo de una persona, como el espacio ocupado por el mismo o el tiempo también serían escasos, y en esta medida, la economía política y la filosofía aún tendrían una tarea, aunque limitada, que cumplir) (Hoppe, Economía y ética de la propiedad privada, 2005).

Molinari respecto a esto manifiesta que existen dos formas de abordar la sociedad, una basada en la visión de Hobbes que considera que las asociaciones humanas están organizadas de manera puramente artificial, por medio de leyes diseñadas por legisladores primitivos, modificados y rediseñados de acuerdo al avance de la ciencia social. Es el gobierno quien asume la responsabilidad de modificar y rehacer la sociedad, pero por otro lado, Molinari indica que existe un grupo de pensadores que consideran que la sociedad es un hecho puramente natural, por tanto la sociedad está construida sobre leyes generales pre-existentes, o que se formaron por orden espontáneo y para Molinari, esas leyes solo pueden ser explicadas por medio de la ciencia económica.

“El objeto de la sociedad es, por lo tanto, la más completa satisfacción de las necesidades del hombre, y los medios para su consecución son la división del trabajo y el intercambio” (Molinari, 2013).

Para poder satisfacer sus necesidades el individuo fue percibiendo la necesidad de la división del trabajo y del intercambio, lo que fue permitiendo la vida en sociedad. En este ambiente el hombre busca preservar su vida y el fruto de su trabajo, y como hemos visto el proceso evolutivo del hombre y la sociedad, el uso de la fuerza tuvo que dar lugar al intercambio, pero aun así existen y existirán individuos que buscarán acceder a medios satisfacientes o a elevar su estatus por medio de la fuerza, dejando de lado el sentido de justicia. Por lo tanto nace la necesidad de justicia y seguridad de que no serán expoliados los frutos del trabajo del individuo.

John Rawls trata de recuperar el concepto iusnaturalista de la justicia, considerando que existen libertades individuales inalienables, y considera que la sociedad es una construcción contractual, es decir, las interacción humana se basan en contratos, escritos o tácitos y que el suministro de justicia se debe basar en que las relaciones humanas estén ajustadas a los contratos. Desarrolla el concepto de justicia social, basado en la igualdad de oportunidades, para lo cual considera que el Estado cumple una función de distribución (Rawls, 2006).

Ahora bien, el suministro del servicio de impartir justicia, legislación y seguridad recae actualmente en el Estado, y como tal se erige en monopolio, formándose así un fallo del Estado a saber.

En primer lugar, como el Estado no está sujeto al diario plebiscito del consumidor, quien en este caso, demanda los servicios de justicia, legislación y seguridad, es decir, el Estado no tiene los incentivos para suministrar servicios de calidad y a buen precio, es más, ya hemos estudiado los inconvenientes en este aspecto, de la burocracia. El Estado para poder suministrar monopolísticamente justicia y seguridad, recurre a la confiscación parcial de propiedad, para proteger la propiedad. Este monopolio contradictorio conduce a la concentración de poder, y tal concentración conduce a que ya no se limite en ser una tercera parte imparcial en un conflicto, cuando tiene el poder de indicar unilateralmente cuál de las partes tiene razón, inclusive cuando los conflictos involucran al propio Estado. Y aún con malos juicios no existe quien los pueda hacer competencia, pues ejerce como ya hemos dicho, el monopolio de la toma de decisiones y de la violencia.

En segundo lugar, como es el propio Estado por medio de su agencia de justicia quien toma decisiones en conflictos en el que él mismo está involucrado y a sabiendas de que el Estado está formado por individuos que ocupan puestos en la jerarquía política, pero como todos los demás individuos buscan beneficios particulares, se depende exclusivamente de la buena voluntad de éstos para que no generen situaciones conflictos entre el Estado y ese individuo, para que a posteriori el individuo demande al Estado, y éste falle a favor del individuo, obteniendo este grandes compensaciones de carácter pecuniario que a la postre son pagados por aquellos quienes son obligados a pagar impuestos.

Con el monopolio, los estados pasan a sustituir la ley por legislación que con los años en lugar de evitar y dar fin a los conflictos, las genera y multiplica.

Pero además de lo ya mencionado, con la instauración de las democracias modernas, los privilegios que antes existían para la nobleza, hoy día lo gozan los que forman parte del aparato Estatal, ya sea en sus estamentos políticos como burocráticos, así tenemos la Ley Privada, que afecta a las relaciones entre los ciudadanos privados y la ley pública que protege y regula a los sujetos públicos. Con eso tenemos los blindajes que protegen a los burócratas ante malos desempeños en sus funciones y los fueros que protegen a los políticos de ser procesados por algún conflicto en el que estén involucrados, teniendo así ciudadanos de “niveles” distintos.

Hoppe adiciona

“Además, lo que la policía o jueces estatales decidan hacer (que será arbitrario) tenderá a hacerse mal porque sus ingresos son más o menos independientes de las evaluaciones que sus consumidores hagan de sus servicios. Es así que se explica la arbitrariedad y brutalidad de la policía, a la par que la lentitud de los procesos judiciales. Más aún, es de notar cómo ni la policía ni el sistema judicial ofrecen a los consumidores nada que se parezca a un contrato de servicios en el que se especifique, en términos claros y precisos, qué procedimiento puede esperar el consumidor que se ponga en marcha en una situación específica” (Hoppe, Economía y ética de la propiedad privada, 2005).

Como vemos, el problema del fallo del Estado no se limita al suministro de justicia, sino también al de hacer cumplir las leyes.

Seguridad Interna y Externa

El dominio de la ley debe proveer certeza a la sociedad, certeza de que las reglas no cambiaran de la noche a la mañana, y se refiere a la ausencia de poderes arbitrarios dentro del Estado capaces de punir a los ciudadanos o de cometer actos contra su vida y propiedad, se refiere al sometimiento de todos los individuos sea del origen o estatus que sea a la ley ordinaria a los tribunales ordinarios.

“Como los hombres no son santos ni ángeles, abundan las disputas sobre la propiedad de los recursos. Por lo tanto, un sistema legal basado en normas de propiedad sirve como el mecanismo por el cual varias disputas pueden resolverse de una manera predecible y justa. Recordemos que el conflicto interpersonal violento solo es posible en la medida en que exista escasez. Ya sea que se trate de dos hombres peleando por una cerveza, un asaltante y su víctima, o una ruptura en el contrato, cada disputa violenta tiene que ver en última instancia con la asignación y / o control sobre algún bien escaso (ya sea del propio cuerpo o del bien externo). La solución al problema del orden social se basa, pues, en la formulación de un conjunto racional de derechos de propiedad tales que, si se siguen, negarían la aparición de todos y cada uno de los conflictos violentos” (Rachels, 2015).

El dominio de la ley debe ser mantenido por cualquier sistema legal justo, pero el dominio de la ley no puede ser mantenido sin asegurar la certeza o certidumbre de la ley, entendida como la posibilidad de los individuos de planificar sus acciones a largo plazo, referente a su propio comportamiento en su vida privada como en sus negocios.

Una de las críticas que se puede hacer al sistema legal vigente, proveniente de la autoridad central en la figura de los poderes del estado, es que en todo momento están produciendo nueva legislación, modificando antiguas, regulando permanentemente, es más, se mide la productividad de los legisladores en base a leyes presentadas en la cámara. Esto genera incertezas pues toda legislación puede cambiar de un momento a otro debido a la voluntad de la autoridad del momento, y de las intenciones políticas de la facción que obtenga mayoría en cámara. Además este sistema legal no se somete al sistema de precios, por lo que no posee un indicador fiable de su efectividad y deseabilidad por parte de los consumidores del servicio de suministro de leyes para la sociedad. Esto genera una sobre abundancia de legislación que dificulta la claridad de los procesos judiciales.

No me explayaré tanto en el campo legal ya que no es mi especialidad, pero es interesante considerar la posibilidad de descentralizar el sistema judicial. Kinsella explica:

“La posición de los jueces de derecho consuetudinario o descentralizado es fundamentalmente diferente de la de los legisladores en tres aspectos. Primero, los jueces solo pueden tomar decisiones cuando las partes interesadas lo piden. En segundo lugar, la decisión del juez es de menor alcance que la legislación porque afecta principalmente a las partes en la disputa, y solo ocasionalmente afecta a terceros u otras personas sin conexión con las partes involucradas. Tercero, la discreción de un juez está limitada por la necesidad de referirse a precedentes similares. La seguridad jurídica es, por lo tanto, más alcanzable en un sistema de descentralización de leyes relativamente descentralizado, como el derecho común, el derecho romano o el derecho consuetudinario, que en los sistemas centralizados de elaboración de leyes donde la legislación es la fuente principal de derecho” (Kinsella, Legislation and the discovery of law in a free society, 1995).

Desde la perspectiva económica lo que estamos exponiendo son los fallos que se generan cuando el suministro de un bien, y ya hemos explicado en el apartado anterior que el suministro del servicio de justicia, de seguridad y de legislación son bienes económicos y por tanto padecen los mismos males que son tenidos en consideración cuando se analizan los monopolios. Recordemos que con los monopolios es que al no existir competencia no se tienen incentivos para mejorar la calidad del servicio, la cantidad y los precios, por lo que se puede decir que son malos desde la perspectiva del consumidor

Pero además del monopolio de la legislación y el suministro de justicia, el Estado genera también un fallo debido al monopolio del suministro de seguridad.

El brazo armado de la ley son hoy día las fuerzas policiales, y así como la legislación, ejercen un monopolio, pues dentro de la restricción geográfica en la que ejerce su acción, su función es la de prevenir la comisión de delitos y esclarecer los ilícitos. Vale decir que las tareas que lleva adelante se orientan a resguardar la legalidad y, por ello, es crucial que su conducta se rija estrictamente por las normas vigentes. No obstante al ser financiado por medio de impuestos, carece del cálculo económico de una entidad sometida a las fuerzas del mercado, por lo que tampoco se logra determinar fehacientemente la aprobación de sus servicios como tampoco si se está suministrando acorde a las necesidades del mercado. El suministro de seguridad no depende de la aprobación permanente del consumidor, sino la de los organismos encargados del suministro de las fuerzas del orden. Carece de incentivos para suministrar el servicio, pues al depender del presupuesto general de gastos y no del pago directo de los consumidores, el servicio policial no tiene los incentivos para aclarar casos ilícitos y mucho menos para enfrentarse a criminales o buscar la aprehensión de los mismos. Los policías son individuos como todos nosotros, y si reciben un pago estando sentados en una oficina, o deambulando por las calles y el mismo pago por cazar criminales o resolver casos, exponiendo sus vidas, la ley del menor esfuerzo los conducirá a evitar estas últimas actividades. El servicio se va deteriorando, como todo monopolio, y su costo para los pagadores de impuestos, en constante ascenso.

Un servicio policial mediocre se traduce en términos del mercado en el gasto adicional de los individuos para construir murallas, instalar alambrados electrificados, cámaras de seguridad, servicio de vigilancia privados, etc. Éstos últimos autorizados por la legislación o en otros casos inclusive sin autorización. Son costos adicionales en los que se incurren debido al servicio policial de baja calidad. Hoppe considera que la relación en el mercado es contractual, considera que si quisiéramos sumariar en una palabra la diferencia decisiva y la ventaja de la industria competitiva de seguridad con una suministrada por el Estado, sería este: El contrato. El Estado al ser el que monopoliza la toma de decisiones de última instancia y hace de juez, opera en un vacío contractual. No existe contrato entre el estado y sus ciudadanos, no está fijado contractualmente que es en realidad poseído por quien y que es de acuerdo a ello lo que debe ser protegido. No está definido qué servicio el estado debe proveer y que es lo que ocurre si el estado fracasa en su labor, tampoco el precio que el cliente debe pagar por tal servicio. Más bien, el Estado unilateralmente define las reglas del juego y puede cambiarlos, por legislación durante el juego. Obviamente, tal comportamiento es inconcebible en condiciones de mercado

Textualmente considera:

“No te garantizaré contractualmente nada. No te diré qué específicas cosas consideraré como tu propiedad a proteger, tampoco te diré lo que estoy obligado a hacer si, según tu opinión, yo no he cumplido con mi servicio, pero en cualquier caso me reservo el derecho de unilateralmente determinar el precio que debes pagarme por tal indefinido servicio” (Rachels, 2015).

Además si las fuerzas policiales no logran defender la propiedad y ocurre un robo, una vez capturado al ladrón, éste generalmente no devuelve lo robado, y además de eso, su estancia en el sistema carcelario debe ser pagado por los pagadores de impuestos. Estas son algunas de las distorsiones del sistema monopolístico, estamos solo explicando las distorsiones que se generan en el suministro de bienes y servicios suponiendo que pudiera ser suministrado por un sistema de competencia vía intercambio voluntario mutuamente beneficioso.

En relación a la seguridad externa, el origen mismo del Estado es la guerra, los individuos proceden a buscar unificar sus particulares fines hacia un fin común, en este caso puede ser la defensa o el ataque, pues en una exposición directa de fuerzas, la fuerza bruta era la que se imponía, por tanto, a mayor número que fuera parte de una agrupación, mayor sería su fuerza y capacidad de defensa o ataque. Sin embargo, esta afinidad de fines, solo se logra en el extraordinario caso de necesidad de defensa ante la agresión externa. Estos individuos agrupados recurren a la organización en estructuras jerárquicas con lo cual se planifica, organiza y ejecuta la defensa desde una autoridad central. Sin embargo, la defensa externa y la propia agresión externa no corresponden al ámbito del mercado, pues son fallos generados por organizaciones que recurren a la fuerza bruta o amenaza de violencia. Es una distorsión per se. No existe manera de saber cuál es el nivel óptimo de gastos en defensa, pues no está sometido al veredicto del consumidor, por tanto el planificador central es quien de acuerdo a su criterio, o el de su grupo de asesores, definirá la proporción del gasto público en defensa y la manera en que se realizará la confiscación privada para financiar tal empresa. Aún sin garantizar en absoluto la seguridad y resarcimiento en caso de no cumplir con su cometido. Además, la defensa solía ser un argumento muy utilizado para el aumento del presupuesto público, pues además de defensa exterior, es un instrumento de estabilidad política interna, pues al final, son los militares los que poseen de facto las herramientas ejecutivas del uso de la violencia.

Por Victor Ocampos

Bibliografía

Centurión, M. R. (2004). El debido proceso y desarrollo: Por qué es pobre el Paraguay? (V. Sánchez, Ed.) Asunción: Servilibro.

Hobbes, T. (1651). Leviathan. London: Andrew Crooke.

Hoppe, H. H. (2005). Economía y ética de la propiedad privada (Segunda ed.). (J. A. Soler, Ed.) Las Vegas: Miseshispano.

Kinsella, S. (1995). Legislation and the discovery of law in a free society. Journal of libertarian studies, XI(2).

Molinari, G. d. (Abril de 2013). Sobre la Producción de Seguridad. Liberalismo.

Pomerleau, W. (s.f.). Recuperado el 10 de Febrero de 2019, de Internet Encyclopedia of Philosophy: https://www.iep.utm.edu/justwest/#SH2b

Rachels, C. (2015). Spontaneus Order. CreateSpace.

Rawls, J. (2006). Teoría de la justicia (Sexta ed.). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.