Ensayo sobre Obispos Ejecutados: Una Historia Controvertida

Ensayo sobre Obispos Ejecutados: Una Historia Controvertida

Los Obispos pertenecen a la más alta jerarquía en la Santa Iglesia Católica fundada por Nuestro Señor Jesucristo. Para todos los fines prácticos, decimos que ellos son los que ocupan actualmente el rol de los Apóstoles del Divino Maestro. De allí que se habla de «sucesión apostólica», que para definirla desde una perspectiva formalista y simplificada, es el proceso por el cuál dos Apóstoles, en una ceremonia especial ante la asamblea de fieles, «imponen sus manos» sobre la cabeza de un «Presbítero» quien así queda «consagrado» como Obispo. Este acto se llevó a cabo desde los tiempos apostólicos, siendo los «Doce» elegidos por el mismo Jesucristo los primeros «Epíscopos» de la Iglesia y por supuesto, el líder de todo ellos era Pedro, nacido como Simón hijo de Juan bar Jona.

Cuando la cristiandad se expandió por Europa y luego alrededor del mundo a inicios de lo que se llama vulgarmente «Edad Medieval», el poder de los Obispos se hizo grandioso y no era para menos. Eran los descendientes directos de los Apóstoles y como tales, su prestigio era inmenso ante la población en general. Esto sin hablar siquiera de los Estados Pontificios que surgieron por la llamada «Donación de Pipino» y que duraron casi mil años hasta 1870, cuando se disolvieron durante la Revolución Italiana.

Ser Obispo en esos tiempos era ostentar poderes, no solo espirituales (religiosos) sino también temporales (mundanos). En el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, no escaseaban Arzobispos que al mismo tiempo eran Príncipes y Electores de sus propios feudos. Esto sin profundizar en el caso de las Iglesias Bizantinas en Oriente, que tras el «Gran Cisma» del 1054, muchas de ellas adoptaron un «cesaropapismo» extremo como en el caso del Patriarcado de Moscú, que prácticamente se convirtió en dominio de los Zares de Rusia. El Obispo de Roma, conocido como «Papa», fue siempre el más férreo opositor del «cesaropapismo» a pesar de que no pocas veces debía apelar a la ayuda de reyes extranjeros para proteger su patrimonio. Pero todo esto es área de intensas discusiones que escapan al alcance de este artículo.

Las «autoridades temporales» (reyes, príncipes, monarcas y gobernantes de los países) se hallaban muy controlados por las acciones de los Obispos de sus respectivos reinos o países, sin mencionar al mismo Sumo Pontífice quien con un «acto de excomunión» podía, literalmente, derrocar a un mandatario que era considerado ilegal, ilegítimo o tiránico respecto a las Leyes Divinas, lo que automáticamente causaba revueltas, revoluciones, derrocamientos, etcétera. Claro, esto no ocurría de forma común y corriente porque el Papa siempre tuvo que obrar de manera política, diplomática y además, por la natural «misericordia» que el «Siervo de los Siervos de Dios» debe siempre otorgar con la mejor de las disposiciones. Un Rey excomulgado, muchas veces, con sincero arrepentimiento ante el Obispo de Roma obtenía fácilmente el perdón. Pero también hubo casos en los que ocurría lo contrario, el monarca o gobernante quedaban excomulgados sin remisión por largo tiempo, lo que generaba todo tipo de inconvenientes como ya hemos señalado.

En la etapa final de la «Era Medieval», los gobernantes empezaron a «perder el miedo» a los Obispos y al Papa. En esto, mucho influyeron las llamadas «Guerras de Gibelinos y Güelfos» (1125 – 1392), cuya complejidad, extensión, causas y consecuencias también escapan a este artículo. Muchos discuten sobre cuándo se debe marcar la frontera histórica que divide a la «Era Medieval» de la «Era Moderna». La mayoría ubica esa separación con la «Caída de Constantinopla» en 1453, otros la llevan hasta el «Descubrimiento de América» en 1492. Yo soy de los que consideran que la «Era Moderna» empieza en 1517 con la Revolución Protestante de Martín Lutero y sus seguidores. Pero existen algunos contados historiadores que la ubican con la conclusión definitiva de las «Guerras de Gibelinos y Güelfos» en 1392. Queda a criterio de cada uno hacer esta determinación. Lo importante es que, como hemos dicho, los «poderes temporales» cada vez más y más desafiaban a los «poderes espirituales» e innumerables casos empiezan a aparecer en coincidencia notable con los tiempos álgidos de los Gibelinos y los Güelfos.

Empecemos nuestro recuento en el Reino de España, que entonces se encontraba luchando para la «Reconquista» contra los moros del Emirato de Córdoba. En 1134 – 1157 fue Ramiro II «el Monje» monarca del Reino de Aragón, entonces el más importante de la España aún no reunificada. Aproximadamente en el año 1135, queriendo enviar un mensaje fuerte contra los mahometanos y también contra los rebeldes que buscaban desestabilizar su reinado, Ramiro II hizo llamar, por consejo de su Abad y Confesor, a todos los nobles de su corte para una reunión en el Ayuntamiento de Huesca. Los que asistieron, unos 15 revoltosos e intensos opositores del monarca, fueron decapitados durante la reunión. Entre ellos se encontraba el Obispo Ordás de Jaca, quien al ser el más rebelde de todos los enemigos del Rey, terminó con su cabeza convertida en el badajo de la campana del principal templo de la ciudad. Todos los historiadores de la época e incluso de tiempos modernos coinciden en que este hecho sucedió, aunque se haya exagerado mucho con los detalles sobre el mismo. Es decir, los rebeldes (incluido el Obispo Ordás de Jaca) fueron ejecutados por ordenes del Rey Ramiro II, pero todos los demás detalles parecerían ser producto de la exaltada imaginación de la época. No se olvide que el mencionado monarca (quien curiosamente, había sido educado en un monasterio, de allí su sobriquete, y estuvo a punto de convertirse él mismo en Obispo antes de heredar fortuitamente la Corona de Aragón) deseaba generar una «impresión de brutalidad y ferocidad» a sus enemigos y quizás él mismo junto a sus turíferos hayan difundido la sanguinaria e hiperbólica versión del cuento, pero la realidad probablemente sea mucho más vulgar, sin la teatral espectacularidad que nos legaría siglos después del evento el grandioso Lope de Vega en su famoso drama, mil veces plagiado, «La Campana de Aragón».

Otro Obispo de España que sufrió la ejecución por oponerse a su monarca, fue el famoso Antonio Osorio de Acuña (1453 – 1526), Epíscopo de Zamora, Caballero de la Orden de Calatrava y líder de la Revolución de las Comunidades contra el Emperador Carlos V del Sacro Imperio, quien juraría como Rey Carlos I de España. Este monarca de la Casa Habsburgo (quien también ordenaría el «Saqueo de Roma» en 1527 del que el mismo Papa Clemente VII se salvó por un pelo de morir), aplastó a los «Comuneros» de España quienes deseaban preservar sus fueros y privilegios ante la autoridad monárquica. Uno de los principales cabecillas de la revuelta fue el mismo Obispo de Zamora, quién terminó siendo capturado y tiempo después ajusticiado «a garrote vil» por decisión del mismo Emperador.

Pero contrariamente a lo que creería el vulgo, Carlos I de España y V del Sacro Imperio no fue excomulgado por el Papa Clemente VII a pesar de estos atropellos tremendos. Esto tiene una explicación. Como hemos dicho, la era de los «Gibelinos y Güelfos» trajo muchos cambios y en 1526, estábamos ya casi dos siglos después de esos tiempos. Retrocedemos en el tiempo, de nuevo, pero ahora nos vamos hasta Inglaterra en 1118 – 1170. En ese entonces el Arzobispo de Canterbury, principal sede de las Islas Británicas, fue Thomas Beckett. De nuevo, por oponerse a las políticas de su monarca, en este caso Enrique II, el Arzobispo fue asesinado en su propia catedral por nobles que obedecían al Rey inglés.

En medio de las intensas crisis de los «Gibelinos y Güelfos», el Papa Alejandro III (1100 – 1181) tomó una decisión histórica respecto al asesinato del Arzobispo Beckett. Excomulgó a los nobles involucrados en su muerte, incluyendo a sacerdotes; suspendió por algún tiempo a los Obispos que asintieron directa o indirectamente para el acto y curiosamente, no pronunció acto de excomunión contra el Rey Enrique II. Solamente lo obligó a hacer actos de arrepentimiento público, ayuno, limosna y que se lleven a cabo honras fúnebres de reparación para el difunto Arzobispo quien tiempo después sería canonizado como mártir. Es que Roma, por una parte, no estaba para hacerse de más enemigos y por otra, reconocía que los monarcas tenían la potestad de hacer cumplir la ley en sus respectivos reinos sí es que, por ejemplo, un Obispo revoltoso se hallaba predicando contra la autoridad del rey según las legislaciones seculares vigentes en esos tiempos. Para muchos, esto se trató de una «capitulación» e «injusticia» del Sumo Pontífice, pero realmente existía una profunda lógica en ello. El Obispo no cuenta, por su condición episcopal, con «inmunidad» para cometer delitos o crímenes. Por ejemplo, sí un Obispo llevara a cabo un asesinato en un país cuya pena para dicho crimen es la muerte, ¿sería injusto que pase por la horca a pesar de su condición episcopal? Por supuesto que siempre se buscará y se pedirá clemencia, pero «stricto sensu», lo que juzgó el Sumo Pontífice (y esto permanecería, salvo excepciones, incólume) es que el «brazo secular» tiene la potestad para ajusticiar a todos los súbditos de su reino, sin privilegios, incluso sí las leyes vigentes en dicho país son consideradas injustas.

De esta manera, en Inglaterra se sucederían varias ejecuciones de Obispos, con participación directa o indirecta de los monarcas reinantes, sin que hayan existido actos de excomunión contra ellos. El Arzobispo de Canterbury Simón Sudrope (1316 – 1361) fue uno de los asesinados, así como el Obispo de Salisbury William Ayscough (1395 – 1450) o el Obispo de Chichester Adam Moleyns (c. 1400 – 1450). Pero el más notable de los Epíscopos ajusticiados quizás sea Ricardo Scrope (1350 – 1405), Arzobispo de York quien dirigió una revuelta contra el Rey Enrique IV de Inglaterra. Este levantamiento fue aplastado y el 8 de junio de 1405, el Arzobispo Scrope fue ejecutado luego de un juicio sumario llevado a cabo por el mismo Rey así como por algunos nobles, entre ellos el Arzobispo de Canterbury Thomas Arundel. Scrope pidió a su verdugo que lo liquidara según «las heridas de Cristo» y le fue concedido. Desde luego, fueron excomulgados los nobles que estuvieron detrás de este «juicio sumario», pero el Rey Enrique IV de Inglaterra y el Arzobispo de Canterbury fueron indultados por el Papa Gregorio VII, siguiéndose la tradición, es decir, no hubo acto de excomunión contra ellos.

Claro que los ingleses, que son «tradicionalistas» por crear falsas tradiciones más que seguir con obediencia a las auténticas que provienen de la Iglesia Católica, convertirían a su mal hábito de liquidar Obispos en una costumbre más o menos asentada. Llegaría un tal Enrique VIII de la Casa Tudor quien causaría un cisma porque el Papa de entonces no accedió a anular su matrimonio con Catalina de Aragón.

De hecho que el mencionado Enrique VIII (1491 – 1547) sería excomulgado, pero no por haber ejecutado al mártir Obispo de Rochester y Cardenal San Juan Fisher (1469 – 1535) quien rehusó aceptar la «Supremacía del Rey sobre la Iglesia de Inglaterra» junto al otro famoso mártir Santo Tomás Moro, sino porque el tirano Tudor consumó su divorcio de Catalina de Aragón, a la que repudió agriamente. La excomunión a Enrique VIII, para que no queden dudas, se pronunció el 7 de diciembre de 1538. Aunque la injusta ejecución del Obispo Fisher fue peculiarmente grave, se reitera, ella no motivó al acto de excomunión e incluso tras su muerte en 1535, Roma hizo contactos con el monarca inglés para intentar un apaciguamiento y llegarse a un acuerdo con la condición de que Enrique VIII se abstuviera de hacer reformas a la Iglesia. El Rey Británico lo ignoró, consumándose el cisma.

De todas maneras, tras el breve interregnum de Eduardo VI en 1547 – 1553, asumió el poder la Reina María I de Tudor (1516 – 1558), hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Los protestantes llamaron a esta devota Católica Romana «María Sangrienta», y quizás habrían motivos para ello. Es que María I Tudor restauró a la Iglesia de Inglaterra bajo la autoridad del Papa en Roma, teniendo como aliado principal en el proceso a su primo el Arzobispo de Canterbury, Cardenal Reginald Pole (1500 – 1558).

Esta católica practicante ordenó la ejecución de cuatro, nada más y nada menos que cuatro Obispos de Inglaterra, en tiempos en que sus consagraciones episcopales todavía eran consideradas «válidas» por la Iglesia de Roma pues las habían recibido de Obispos más o menos legales y legítimos durante el «cisma anglicano». Vale resaltar que el Arzobispo de Canterbury reinante entonces era el Cardenal Pole. Los Epíscopos «enviados a la pira» por «conspirar contra la Reina y difundir herejías» fueron: John Hooper Obispo de Gloucester, Nicolás Ridley Obispo de Londres, Hugh Latimer Obispo de Worcester y al mismo Arzobispo de Canterbury (predecesor del Cardenal Pole) Thomas Cramner, quien se habría convertido al catolicismo antes de su decapitación. Por supuesto que el Papa en Roma no emitió «acto de excomunión» contra María I Tudor por esta decisión.

La pregunta que algunos harán es la siguiente. ¿Es necesario que el Papa oficialmente declare la excomunión de un Jefe de Estado por ajusticiar a un Obispo? Por tradición, sí. Cierto que existe el «latae sententiae», pero incluso con esta figura, la excomunión debe declararse, especialmente para casos muy específicos. Tómese como ejemplo al «derecho procedimental». Supóngase que se hable de una «sentencia judicial» pero que la misma no se haya comunicado oficialmente al supuesto «sentenciado». Es una aberración y una injusticia. Roma sabe esto pues es la cuna del derecho y las leyes, entonces, queda clarísimo que una «excomunión», especialmente en el caso de un Jefe de Estado o Monarca, debe ser declarada. Existen además todos los atenuantes del «derecho canónico», por ejemplo, que el «excomulgado» tiene que ser previamente advertido, debe demostrarse que tenía plena consciencia del delito o crimen canónico que habría cometido, debe estar en sus cabales y se debe comprobar que actuó en contra de la justicia o las leyes. Otro elemento, no escrito pero que la tradición siempre recoge, es que debe existir «odium fidei» en aquel que da muerte y/o manda que se elimine a un Obispo. Fue el Papa Pío IX quien «codificó» esas «reglas» respecto a la excomunión en el año 1869. Recuérdese siempre que la Iglesia Católica tiene, fundamentalmente, la intención de perdonar y otorgar misericordia por medio de la caridad y las condenas no son, salvo extrema necesidad, la postura habitual de la misma. En esto, como se ha visto, hay una larga e histórica tradición que hemos relatado. Los Obispos que son criminales contra las leyes temporales, deben pagar por sus crímenes. «Dura Lex Sed Lex» diría Roma.

Ahora, existe una diferencia entre los actos que estamos relatando, que ocurrieron dentro de un contexto de «legalidad» según las leyes vigentes en dichos Estados o Reinos, con asesinatos atroces que se dieron fuera de cualquier marco jurídico. En muchos de estos casos, el «odium fidei» era el único motivo conductor de la conducta asesina contra un Obispo. Nos vienen a la mente los cientos de Epíscopos en Oriente, ejecutados de manera sumaria y sin justificación alguna por las Revoluciones Bolcheviques en Rusia y sus países vecinos. También los 498 mártires (reconocidos) de la «Guerra Civil Española», todos beatificados y canonizados, cuentan entre ellos a un par de Obispos muertos por el «odium fidei» de los Marxistas y Liberales de la «Segunda República Española», aunque aproximadamente 13 fueron en total los Epíscopos asesinados «en manos de los republicanos españoles», siendo notable el caso del Beato Narciso de Estenaga Prior del las Órdenes Militares de España. De manera similar, se destaca el evento que tuvo como trágico protagonista al venezolano Salvador Montes de Oca Obispo de Valencia (1895 – 1944), quien fue asesinado por escuadrones nazis. Este fusilamiento sumario, ocurrido en Italia, fue autorizado por el mismísimo Mariscal Albert Kesselring (1885 – 1960), quien ordenó que cualquier actividad partisana o filo-partisana anti alemana sea castigada con la máxima severidad. Aquí debe señalarse, como indica el investigador Andrew Sangster en su tesis para Doctorado en Filosofía titulada «Field Marshal Albert Kesselring in Context» del año 2014, que el Mariscal Kesselring, un «ardiente Católico Romano» de orígen bávaro, especialmente por su matrimonio con su devotísima esposa Pauline Keyssler, no titubeó en hacer cumplir las órdenes e hizo que todas las «sentencias de muerte», contra católicos o no católicos, se lleven adelante con la máxima rigurosidad y prontitud. Así, varias decenas de sacerdotes y un epíscopo serían masacrados en la villa de Nocchi en Camaione.

Salvador Montes de Oca, el Obispo venezolano que habría apoyado actividades «partisanas» contra el «Tercer Imperio Alemán», caería casi sumariamente fusilado y enterrado en una fosa común. ¿Qué hizo Roma al respecto? Por supuesto, aunque eran obvias las posturas sumamente críticas a las bestiales decisiones tomadas por los nazis, el Papa Pío XII y el mismo clero de las zonas afectadas fueron los primeros en pedir que «lo ocurrido en el pasado sea olvidado», que se tenga «clemencia» hacia los combatientes de todos los bandos y se respeten las difíciles decisiones tomadas por cada uno de ellos en lo que consideraron, era la mejor forma de defender a sus respectivas Patrias en un terrible contexto bélico. No escasearon las acusaciones de «tibieza» y de tener un «pacto con el diablo» contra el Papa Pío XII por haber sido indulgente con el fusilamiento de clérigos y de un Obispo en Italia. No obstante, el hecho permanece. El Mariscal Kesselring fue «perdonado» y no se conoce que haya sido oficialmente excomulgado por la Iglesia Católica, muriendo este gallardo y brutal comandante «en comunión» con Roma. Y conste que el mismo no era «Jefe de Estado».

El Mariscal Albert Kesselring, del Ejército del Tercer Imperio Alemán.
El Mariscal Albert Kesselring fue Comandante en Jefe de las Fuerzas del Tercer Imperio Alemán en Italia. Dio la orden expresa de que fueran ejecutados los religiosos que se hallaban apoyando a revueltas partisanas en la península itálica. Así, entre otros, fue ejecutado el venezolano Obispo Salvador Montes de Oca en 1944. No se conoce que Kesselring haya sido excomulgado por la decisión. [Imagen: Wahooart.com/Boris Chaliapin].

¿Y en Hispanoamérica existen casos de Obispos ejecutados?

Se conocen los asesinatos del mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo Obispo de Tijuana (1926 – 1993) quien habría muerto por estructuras mafiosas de su país. También está el argentino Enrique Angelelli Obispo de La Rioja (1923 – 1976) recientemente beatificado, sin embargo, aún no se sabe a ciencia cierta quiénes estuvieron detrás de su asesinato, centrándose la culpa en el «régimen militar» que entonces regía en Argentina y la postura de Roma, más allá de reconocer los méritos del mártir y sus compañeros, siempre fue de prudencia respecto a emitir juicios contra el Gobierno Porteño. Respecto a la famosa «Cristiada» ocurrida en México en 1926 – 1929, cierto es que muchos sacerdotes fueron ejecutados por puro «odium fidei» por parte de los revolucionarios mexicanos en el Gobierno, pero no se conoce que hayan muerto Obispos.

También se cuenta con el caso de San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez Arzobispo de San Salvador (1917 – 1980), quien mientras celebraba la Santa Misa habría sido asesinado por un francotirador del Ejército Salvadoreño que era miembro de la Guardia Personal del Presidente, unidad que se hallaba bajo servicio directo de los líderes de la «Junta Revolucionaria de El Salvador» establecida en 1979. La orden de matar al Arzobispo San Óscar Romero fue dada por el Mayor Roberto D’Aubuisson, pero no se ha demostrado participación directa de los líderes de la «Junta Revolucionaria». D’Aubuisson era un hombre de ideas francamente despreciables. Reivindicaba sin tapujos al Nazismo de Alemania, así como al «mito de la raza aria» y a la necesidad, según él, de eliminar de la faz de la tierra a la amenaza «judeo-jesuítica», por ser los principales promotores, afirmaba, del marxismo y el bolchevismo. Pero habiendo dicho todo esto, no hay pruebas de que el Gobierno de El Salvador haya tenido algo que ver directamente con este cruel asesinato. De hecho que D’Aubuisson fue expulsado del Ejército Salvadoreño por sus alocadas ideologías así como por haber formado varios de los más famosos «escuadrones de la muerte» con ayuda del Gobierno de los EEUU, que se encargaban de aniquilar a sospechados de apoyar a movimientos marxistas-leninistas o vinculados con la «Teología de la Liberación». Es importante señalar que el Arzobispo San Óscar Romero nada tuvo que ver con la «Teología de la Liberación», a pesar de que mantenía buenas relaciones con todo tipo de sacerdotes, sean de esa corriente ideológica (hoy condenada por la Iglesia Católica pero que entonces estaba recién apareciendo) como de otras fraternidades más tradicionalistas.

En todos estos casos hispanoamericanos que citamos como ejemplos, estamos hablando de «asesinatos» directamente. Sin motivo alguno más allá de un «odium fidei» en ciertos casos y en otros, por meras represiones gubernamentales que no han encontrado justificación alguna. ¿Existe entonces algún caso de Obispo ajusticiado por haber faltado con sus obligaciones con los poderes temporales de su país, en tiempos modernos?

Debemos mencionar aquí al caso del Manuel Antonio Palacios Obispo de Asunción del Paraguay (1824 – 1868). En plena Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en los años 1864 – 1870, se lo acusó de haber apoyado a los «conspiradores» que planteaban llevar a cabo un golpe de estado contra el gobierno del Mariscal Presidente Don Francisco Solano López Carrillo (1827 – 1870). Se habló incluso de asesinar al Jefe del Estado durante su cumpleaños. Lo cierto es que esta «conspiración» fue descubierta por mera casualidad, capturados fueron la mayoría de sus participantes y luego muchos de ellos ajusticiados tras los famosos «Juicios de San Fernando» en donde se destacó la figura del Padre Fidel Maíz (1828 – 1920) como «Gran Inquisidor».

El problema del Juicio al Obispo Palacios es que nada se conoce a ciencia cierta sobre su proceso. Juansilvano Godoi introdujo en el «Archivo Nacional de Asunción» unos supuestos documentos (que no son originales sino una copia manuscrita) cuyo origen se remonta a unas publicaciones realizadas en el periódico «El Argos» de Corrientes (Argentina) en el año 1872, en los que presuntamente se demuestra que se creó un tribunal «eclesial» especial para el Epíscopo de Paraguay. Los argumentos presentados por los «Inquisidores» encabezados por el Padre Fidel Maíz habrían demostrado que el Obispo Palacios falló con su rol de «Jefe de la Iglesia Paraguaya» al no haber combatido la designación de la Diócesis de Asunción como sufragánea de Buenos Aires en plena Guerra de la Triple Alianza, así como por haber dado oídos y alentado a la conspiración e intento de asesinato contra el Mariscal Presidente de la República del Paraguay. No obstante, como hemos dicho, los testimonios existentes son sumamente contradictorios. Mientras que algunos autores como George Thompson o Juan Crisóstomo Centurión afirman que «el Obispo fue ejecutado», otros como Charles Washburn y George Mastermann nada dicen al respecto. Por otra parte, Silvestre Aveiro y Francisco Isidoro Resquín hablan de la existencia de un «juicio» contra el Epíscopo, pero nada dicen sobre su supuesto «fusilamiento». Todo esto motivó que la Conferencia Episcopal Paraguaya, en unas declaraciones hechas en el año 1981, afirme que muy poco hay de cierto en torno a las versiones sobre la supuesta ejecución del Obispo Palacios, más allá de la existencia de la «Conspiración».

Todavía más, el Padre Fidel Maíz, «Gran Inquisidor» de los llamados «Tribunales de San Fernando», en sus obras posteriores cuando tuvo libertad de escribir sin coacciones, negó todas las «imposturas de Juansilvano Godoi» y puso también en entredicho que el Obispo Palacios hubiera sido ejecutado en dichos tribunales. A esto se sumarían las versiones del General McMahon, de Sir Richard Francis Burton y de la misma Elisa Alicia Lynch (por citar algunos ejemplos) en las que se afirma que muchos de los supuestos «muertos por las atrocidades de López» en realidad estaban vivos o habían fallecido por enfermedades e inclusive, los mismos Ejércitos Aliados (Argentina, Brasil y Uruguay) les habrían dado muerte para luego «culpar a López» de ellas y desprestigiarlo ante el público internacional.

Además, en toda la versión que se hizo circular sobre la muerte del Obispo Palacios, habría «mano negra» por parte de los enemigos del Paraguay en ese entonces, específicamente de los porteños encabezados por el General Bartolomé Mitre. Se vuelve a recordar que la Diócesis de Asunción había sido puesta como sufragánea de la de Buenos Aires en 1865 – 1866, lo que motivó airadas protestas del Paraguay. Pues bien, a los porteños, en su proyecto de «anexar al Paraguay», les convenía tener una «baza» dentro del país, representada en el dominio que la Diócesis de Buenos Aires podía ejercer sobre la de Asunción. Así, convenía y mucho propalar la supuesta versión de que el Obispo Palacios habría muerto «bajo tortura y como un mártir» en manos de los crueles sacerdotes inquisitoriales del Paraguay y por órdenes del Mariscal López, el presunto «episcopocida» tiránico que los obligó a actuar de esa manera.

De cualquier manera, no se conoce documento o acto de excomunión alguna que se haya decretado contra el Mariscal López por parte del Obispo de Roma, entonces el Papa Pío IX (quién lo conoció personalmente en 1854, durante las Misas de Semana Santa). El mismo Padre Fidel Maíz fue a la Santa Sede a luchar contra la excomunión que gravitaba sobre él, declarada por el Vicario Apostólico Fidelis D’Avola, y conversó personalmente con el Sumo Pontífice quién «le levantó toda culpa y pena» por lo que supuestamente habría ocurrido durante la Guerra, a él y a sus compañeros involucrados, con la única condición de que debía ejercer su sacerdocio en el interior del Paraguay, no en Asunción. Es decir que Roma siguió con su histórica tradición… Sea cuál fuere la «verdad» sobre el episodio del Obispo Palacios, lo cierto es que los «poderes temporales», especialmente en tiempos de guerras, tenían la potestad de actuar según sus leyes vigentes y los Epíscopos no estaban exentos de sufrirlas. «Dura Lex Sed Lex».

Mucho tiempo después, varios investigadores como los paraguayos Carlos Heyn Schupp y Efraín Cardozo o el francés Francisco Chartrain, luego de visitar Roma y hurgar en los Archivos Vaticanos, han afirmado que «no existe declaración de excomunión alguna contra el Mariscal López», lo que debería provenir de manera oficial, única y exclusivamente, del Sumo Pontífice. Es que Roma, maestra de las ciencias, el derecho y la lógica, entiende bien el asunto: sí el Obispo Palacios murió «en manos de los Aliados, que culparon a los paraguayos», de eso no tiene responsabilidad el Mariscal López; sí el Obispo Palacios murió «como cómplice de una conspiración para asesinar al Jefe del Estado y derrocar su gobierno, en plena Guerra de la Triple Alianza», tampoco se puede responsabilizar al Mariscal López pues los reos de pena capital, sean Obispos o no, deben pagar por sus crímenes. ¿Acaso el Papa Francisco no ha entregado, personalmente, a varios «descendientes de los Apóstoles» acusados de cometer o encubrir abusos sexuales para que sean juzgados «con todas las de la ley» de los poderes temporales?

Así visto el asunto, podría concluirse que para Roma, más o menos en coincidencia con el período histórico marcado por las guerras entre Gibelinos y Güelfos, mostró una tradición que se podría considerar invariable respecto al asunto de las leyes temporales aplicadas por los respectivos Gobiernos cuando los Obispos de la Iglesia cometían crímenes. Nadie está exento de pagar las consecuencias de sus actos, incluso sí la legislación vigente va contraria a los principios cristianos e incluso sí los presuntos criminales son «descendientes de los Apóstoles». Todavía más, ceñirse a esas leyes incluso sí fueran injustas, no es sino un camino de santificación personal siempre y cuándo aquel que cayó por causa de ellas mostraba ser un hombre más o menos inocente que sufría una arbitrariedad. Así, volviendo al ejemplo del Obispo Manuel Palacios, este hombre según todos los testimonios disponibles, era el primero que deseaba «enviar a la picota» a los acusados de conspirar e intentar asesinar al Mariscal Presidente (todo lo contrario a su rol episcopal, que debiera siempre velar por las garantías a los procesados) pero cuándo le habría tocado su hora (resaltamos «habría tocado», pues las versiones como hemos dicho, son demasiado contradictorias), mostró una tristísima e indigna abyección y cobardía ante sus inquisidores y presuntos verdugos.

Pero bueno, ¿acaso el mismo Divino Maestro no debió afrontar el más injusto de los juicios de la historia, sin haber escapado ni rehuido un solo instante de su deber de que «toda la Ley, divina y/o humana, se cumpla hasta la última coma»?

De allí que muchos de los Obispos que sufrieron del ajusticiamiento en la era moderna, siempre y cuándo sus castigos fueran completamente viciados y motivados por un «odium fidei», prontamente hayan sido reconocidos en sus méritos por el mismo Dios, que los exaltó al martirio y la santidad. En contrapartida, no son pocos los Obispos que verdaderamente merecían su destino, cruel y cuestionable sin duda alguna (en la actualidad, la Iglesia Católica lucha en contra de la «pena de muerte» que sigue existiendo en varios países), pero que se ceñía estrictamente al derecho y las leyes entonces vigentes en los ámbitos del poder temporal. Claro que la muerte de un Obispo, por asesinato o ejecución, siempre será un evento catastrófico que el Vaticano nunca mirará con «buenos ojos». Pero una cosa es el disgusto, la inquina y el desagrado que pueda producirse, otra es que uno interfiera con la acción de los Gobiernos cuando estos encuentran razones para aplicar las más severas puniciones.

Igual, como siempre, las diferentes que existen sobre muchas de estas muertes no permiten que podamos ser todavía más lapidarios. ¿Se encontrarán algún día documentos que puedan probar con claridad muchos de estos casos? Además, sí bien es cierto que la «tradición» de la Iglesia Católica ha mostrado histórica prudencia, desde los tiempos modernos, respecto al asunto de los actos de excomunión contra Jefes de Estado, ¿existen posturas oficiales en este punto? Nos viene a la mente, en el momento en que hacemos este cierre, que el actual Presidente de los EEUU Joseph Biden, supuestamente católico, se declara «a favor del aborto», es decir, uno de los más abominables crímenes condenados por la Iglesia Católica. ¿Excomulgará Roma de manera oficial a este hijo descarriado que necesita de una medida correctiva como remedio, no solo para su alma sino también para los millones de católicos que se muestran confundidos con su actitud? ¿O Roma permanecerá en su histórica postura, al menos desde los tiempos modernos, de no declarar oficialmente la excomunión contra un Jefe de Estado salvo que sea algo sumamente extremo?

Son muchas las preguntas que uno puede hacerse en torno a este asunto en el que, como siempre, pareciera ser que todo se resume en el antiguo latinajo de origen agustiniano: «Roma Locuta, Causa Finita».

Emilio Urdapilleta