Es ineludible cuestionarse qué tan legales son las medidas adoptadas, no solo a nivel nacional sino también a escala mundial a causa de esta pandemia. A partir de aquí quisiera darle una mirada local desde el punto de vista de las disposiciones legales.
Nuestro sistema sanitario se halla regulado principalmente por el Código Sanitario, luego de la Constitución Nacional obviamente, y otras leyes como del Medio Ambiente que regulan, por ejemplo, la violación de las cuarentenas sanitarias.
Del análisis de estas disposiciones pude llegar a algunas conclusiones:
1- Por Ley, el Ministerio de Salud está obligado a elaborar las políticas de salud de acuerdo a estrategias de desarrollo económico y social de la Nación. Es decir, no le está permitido desconocer los aspectos socioeconómicos en las medidas que adopta (Art. 6 del Código Sanitario).
2- La salud abarca, además de lo físico, el bienestar mental y social, es decir, el derecho a la alimentación básica para la subsistencia, a no estar sometido a violencia psicológica y a convivir en un ambiente social sano (Arts. 8 y 10 del Código Sanitario).
3- La salud de la familia es un derecho irrenunciable, que incluye el derecho a la alimentación familiar, esto es, a la alimentación de los hijos, padres y de cualquier miembro de la familia, lo cual hace que para cualquier medida adoptada por el Ministerio de Salud no le esté permitido desconocer o negar este derecho (Art. 14 del Código Sanitario).
4- Ninguna persona puede ser privada de asistencia pública para tratar enfermedades, esto es, en cualquier tipo de enfermedad (Art. 68 de la Constitución Nacional).
5- Las facultades del Poder Ejecutivo en caso de pandemias son extraordinarias y no permanentes y las medidas deben ser efectivas y procedentes (Art. 13 del Código Sanitario).
6- El aislamiento (cuarentena), observación o vigilancia personal, es aplicable a las personas que padecen de enfermedades transmisibles, son portadores o contactos de ellas. Las personas sanas no se hallan comprendidas en las medidas de aislamiento/cuarentena (Art. 26 del Código Sanitario).
7- La violación de la cuarentena sanitaria aplica solo respecto a las personas que padecen de enfermedades transmisibles, son portadoras o son contactos de ellas, no así a las personas sanas, que no se hallan por ley obligadas al aislamiento forzado (Art. 10 de Ley del Medio Ambiente en concordancia con Art. 26 del Código Sanitario).
En términos sencillos, la Constitución Nacional en su artículo 68 establece que todos estamos obligados a someternos a las medidas sanitarias establecidas por la Ley, dentro del respeto a la dignidad humana, es decir, el valor intrínseco de hombres y mujeres, seres dotados de racionalidad y libertad. Valga mencionar que la libertad es uno de los cuatro pilares fundamentales del Estado de Derecho y constituye un derecho inviolable. Por lo tanto, las medidas adoptadas en función a este precepto constitucional deben ser coherentes con la cualidad inherente de los seres humanos.
Las medidas sanitarias se hallan reguladas en el Código Sanitario, que rige las actuaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esta normativa establece en su artículo 13 que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de declarar el Estado de Emergencia, pero estas deben ser «medidas procedentes». Esto quiere decir que deben ser conforme a lo que dispone la Constitución y las Leyes. Al remitirnos a la Ley, en este caso al Código Sanitario en su artículo 26, nos encontramos con la especificación de quiénes pueden ser sometidos a aislamiento o cuarentena por causa de enfermedades contagiosas: son los portadores, enfermos y/o sus contactos. Es decir, la Ley no faculta al Poder Ejecutivo a disponer el aislamiento o cuarentena de personas sanas.
Muy importante es mencionar en este punto que las medidas deben hallarse respaldadas por la Ciencia y la Medicina, es decir, deben contar con aval y demostración incluso antes de lo legal. A la fecha de implementación de las medidas, no se ha registrado estudio científico alguno que sustente el aislamiento o la cuarentena de personas sanas, lo cuál puede ser corroborado fácilmente en la epidemiología. Es decir, «el aislamiento masivo e indiscriminado, practicado a nivel nacional y mundial, es el mayor experimento social de la historia», una improvisación que hasta la fecha carece totalmente de aval científico y médico.
Por lo tanto, el aislamiento o cuarentena, tanto jurídica como médicamente, no cumple con el requisito estipulado en la Ley y bajo este razonamiento, la criminalización y encierro de personas sanas carece de todo asidero legal.
Por último, conforme al mismo artículo 68 de la Constitución Nacional, ninguna persona podrá ser privada de asistencia médica en caso de enfermedad. Negar asistencia o insumos médicos a personas con otras patologías o enfermedades, como por ejemplo los enfermos de cáncer, embarazadas o personas con cualquier otra dolencia bajo la excusa de la «Pandemia de Coronavirus», es una gravísima violación constitucional.
La salud no solo abarca lo físico, sino también lo psicológico y social. Desconocer que el derecho a la alimentación se halla intrínsecamente ligado al derecho a trabajar y negar a los ciudadanos, padres, hijos y familias en general este derecho fundamental, es negar su medio de subsistencia. Las políticas adoptadas deben responder necesariamente a estrategias integrales de desarrollo económico y social, no es posible obviar el aspecto socioeconómico que sustenta el derecho a la alimentación. Así también, someter a la ciudadanía al terror constante, afectando además sus medios de subsistencia y salud psico-social es también una peligrosa transgresión al derecho constitucional a la salud.
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Autor: Dannia Ríos Nacif (columnista invitada).
Editor: Emilio Urdapilleta.
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