Policías de papel, cuando la política pone las estrellas

Policías de papel, cuando la política pone las estrellas

La policía siempre estuvo vinculada –penosamente- a los intereses políticos. Para los ascensos a grados superiores es necesario contar con el acuerdo de los legisladores.

En caso de no contar con ese voto del senado, no había de otra. Debían esperar y estar supeditados a las órdenes, a la voluntad de aquel político. En el tiempo esto se convirtió en un arma, no como la imaginamos. Pero igual de letal y peligrosa.

El diario Ultima Hora publicó en su digital el pasado 11 de abril “Senado presta acuerdo para ascenso de 11 comisarios y deja de lado a tres” . El título adelanta el desenlace, pero déjenme explicarles el contexto.

En la crónica periodística el medio publica la lista de los once ascendidos al siguiente peldaño de sus carreras. En otro párrafo explica el otro aspecto de su título: “Por otra parte, se negaron los ascensos a Aurelio Marín, Amado Valentín Cantero Godoy y Zacarias Porfirio Centurión. Estos dos últimos supuestamente están involucrados en los incidentes del 31 de marzo de 2018 (la fecha correcta es 1 de abril de 2017) y por la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana.

Mario Abdo saludando a policías del Lince. ABC Color

Aquí vemos —como si fuéramos a ponerlo bajo un microscopio— el primer virus que infecta a la fuerza. El caso del asesinato de Rodrigo Quintana marcó un precedente nefasto en la historia actual democrática, dejó muchas sombras sobre varias instituciones, no solo la policía nacional. Uno se preguntaba ese día si se estaba gestando un golpe y la policía se dividió en dos. Los que estaban con el presidente de aquel entonces, Horacio Cartes y los que no. Con esto hago la salvedad sobre la gravedad del caso, y más aún por la contaminada y dudosa investigación del ministerio público que hasta hoy no logra llevar a juicio oral al verdadero tirador y a los que dieron la orden de ingresar a la locación privada sin orden judicial.

Antes de cerrar ese capítulo agrego el rumor fuerte de aquel momento. Un empresario fuerte del entorno de aquel presidente fue el que llamó a un jefe policial ordenando, furioso, a que la policía ingrese a como de lugar a la casa del PLRA buscando a los que habrían protagonizado la quema del Congreso. Un civil fue el que exigió que un jefe policial haga lo que se le antojaba en ese momento. Todo por el poder político que tenía en sus hombros.

Hecha la aclaración sobre varios puntos, cito la atribución del Senado sobre la prestación de acuerdos para la Policía Nacional, que menciona la Constitución Nacional en su artículo 224, apartado número 2:“prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional, desde el grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional”
En ningún momento la Carta Magna menciona las consideraciones, reglas o parámetros para negar o aprobar un acuerdo a integrantes de las fuerzas vivas de la Nación, básicamente queda como otras muchas cuestiones criticadas de nuestra ley madre. Su ambigüedad permite lagunas legales que se prestan a múltiples interpretaciones. En este caso, los Senadores se toman la atribución de estudiar los legajos o tener en cuenta coyunturas para determinar quién merece ascender y quién no.

Agencia IP

El Poder Judicial, si creemos en nuestra justicia (y deberíamos hacerlo o reinaría la anarquía) no sometió a proceso a los agentes policiales mencionados por no obtener indicios que los vinculen con la muerte que cita el periódico de referencia. No existe un proceso legal abierto y la decisión tomada por los legisladores se suscribe directamente a un hecho antijurídico —si tenemos en cuenta la presunción de la inocencia— cometido directamente en el seno donde se procrean leyes, ¿qué paradójico no?

Una vez ejercido este rol de “abogado del diablo”, dejo el personaje para centrarme sobre la cuestión de fondo. La institución es permeable de corrupción por las ventanas abiertas a la injerencia. El comandante lo designa el presidente de la República, los ascensos son marcados por el estado de ánimo, amiguismo, o manos oscuras, dentro del Senado. La meritocracia no es medible en este tipo de análisis para tomar decisiones de otorgarles estrellas a los uniformados.

Ahora veamos otro aspecto de la injerencia política dentro de la fuerza y lo débil del uniforme. Cada comandante de la Policía depende de la coyuntura de seguridad o política actual. Lo que comprueba esto es la muerte del comisario Félix Ferrari luego del ataque de un grupo armado que liberó a un peligroso reo en la cabecera de la Costanera Norte. Eso sacudió al sistema penitenciario por la falta de previsión en el respaldo que debía recibir el traslado de ese interno al Palacio de Justicia para una comparecencia, suspendida a última hora. La otra variante es la complicidad de las autoridades carcelarias. Facilitaron el escape emitiendo documentos que debilitaban la cúpula de seguridad que debía acompañar.

Todo el análisis de las debilidades, las sospechas de cómo ocurrió apuntan a una entrega que pagó a los que componen la atmósfera de Justicia. ¿Y la policía tuvo responsabilidad? Supongamos que al haberlo trasladado en dos ocasiones anteriores, debían saber quién era el afamado “samura”.

Agencia IP

El documento de traslado para reos de baja peligrosidad —como envió el director, procesado, del penal de Emboscada, Juan Carlos Irala— por protocolo no es enviado a la Comandancia de la Policía, solo en el caso que sean de alta peligrosidad. Pero (quizás) el agente podía consultar su base de datos para saber quién iba en el furgón ya que se emitió una resolución de traslado exclusiva para Jorge Samudio, alias “samura”.

Pero entramos en la especulación, y lo único tangible es que la policía solo debía escoltar el furgón penitenciario con el sistema de relevo, es decir, son sustituidos por la patrullera de la jurisdicción siguiente. Ferrari murió con un disparo que el chaleco balístico no lo podría detener. No lo tenía, pero si lo llevaba igual lo perforaría.

Todo este contexto es para llegar a la otra pregunta que me hago ¿Por qué se fue el comandante de la Policía, por qué lo cambiaron? La frase que le queda a esto es: la policía esta sujeta al estado de ánimo de la política, del ambiente que se vive. La seguridad sin duda es lo más sensible dentro de una sociedad. Pero el cambio de hombre no genera nada más que un vacío dentro de la institución teniendo en cuenta que estos hombres tienen un alto grado de valor por la disciplina, la confianza y el honor. Cae la pieza de arriba y genera un efecto derrumbe en el estado anímico.

RDN.

Permítanme mostrarles (que todo esto citado más arriba) es el virus que infecta a la función real de la policía.

Tras los hechos del 2017 existió un bajón en la policía nacional. Se perdió la institucionalidad decían muchos agentes en actividad y se creó un rumor que golpeaba en la solapa de cada uniforme, ese era el rumor de dos frentes encontrados dentro de la Policía. Uno que obedecía al cartismo y otro que no lo hacía, que buscaba el cambio. Nuevamente la policía fue manipulada y esto caía con desorden descomunal sobre los de menor rango. La sensación de la pérdida de disciplina sobre el primero de la institución repercutió directo en las calles. Se sentía que los agentes estaban más preocupados en entender cuál dos los dos grupos fuertes de la policía era el que aún conservaba el poder de mando. Ese poder fuertemente vinculado a los uniformados.

Esta misma situación se vivió nuevamente hace semanas. Falleció el comisario Ferrari, escapó un reo y el sistema penitenciario vivía el peor momento de su débil estructura. Tan frágil porque se sumaba un hecho más de sangre que lo demostraba. En San Pedro varios internos del PCC fueron decapitados, poco después se daban motines por parte de la misma facción criminal y para cerrar el broche en la cárcel de Itapúa tres reos deciden obedecer una orden de sus cabecillas para bautizarse, toman de rehén a un jefe de seguridad, salen del penal con él y luego vuelven como si nada. En aquel entonces, la policía fue felicitada por su alto profesionalismo al negociar con los secuestradores. Días después el hecho de la Costanera, el comandante, el cordero degollado para pagar las culpas políticas. El resto de los cambios se dieron el Ministerio de Justicia, como el sentido común lo dicta, si se sigue la lógica de los hechos.

A la fuga de “samura” y el asesinato del comisario Ferrari, se sucedieron varios hechos violentos. Asaltos y robos, lo que el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor considera los problemas de seguridad ciudadana y no hechos aislados. Villamayor…

Juan Ernesto Villamayor. Radio Positiva.

El ministro del interior es conocido por su alta capacidad de contorsionar su cintura política diciendo demasiado sin mencionar nada. Dicho de otra forma, sabe eludir la cuestión de fondo llevando su opinión al terreno de los famosos “puntos positivos” del ejercicio de la función. Pero Villamayor olvidó que el decreto 242 que regula sus funciones lo vinculan directamente a la operativa policial, no pudiendo asegurar que no es responsable de lo que ocurra en la institución.

Sin duda es el pilar político, es el que debería ser el blanco de cuestionamientos cuando se habla de responsabilidades sobre lo que propone el gobierno en cuanto a programas de seguridad. No así el comandante de la policía o sus subalternos. A ellos la responsabilidad operativa, el fallo involucra dos puntos a ser analizados. El respaldo de las autoridades del Ejecutivo y los que planificaron la operación. Esto como mero ejemplo de la distribución de culpas sobre un hecho de crisis.

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Entonces, con una policía diezmada en números —solo 10 mil agentes en calle para 7 millones de habitantes— y una marcada guacha política que les dice donde pisar es difícil apuntar a una policía independiente, científica y criteriosa en materia de seguridad. Siempre estará dependiendo de la voluntad de lo políticamente correcto o lo políticamente realizable. Es decir, atacar los delitos comunes para generar lo que se conoce como “sensación de seguridad” y dejar como asunto pendiente los delitos complejos como: organizaciones criminales, carteles narcos, bandas de ladrones especializadas, grupos que pretenden la insurgencia.

Al no existir una política de seguridad estatal, una estrategia que quede para siempre y no sea simplemente un programa de gobierno, difícilmente lo que conocemos como inseguridad vaya a desaparecer y su efecto contrario, la seguridad, tome estándares de calidad de vida. Lo que nos permita caminar tranquilos sin ser asaltados, violados o recibir un disparo que no era para nosotros, un balazo en medio de una operación de rescate por parte de bandas armadas o una pelea entre grupos narcos.

Agencia IP.

Un nuevo nivel se desbloqueó de injerencia política en la policía. Esto fue hace pocos días cuando el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez anunció que presentará una enmienda a la constitución que le permita disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna. Desató un caos, varios policías que no están en actividad se alzaron en voz de protesta mencionando que esto no es posible porque los militares no están preparados jurídicamente para resolver hechos delictuales.

Otro punto más que se anotó a esta gran ensalada policiaca es la presentación de la modificación de la ley 222 de la Policía Nacional, con ella se modifica la composición del Tribunal de Calificaciones. Se sumarían civiles, de cargos dentro de la cartera del interior y estos tendrían voz y voto para dictaminar sobre ascensos de policías y bajas recomendadas en las filas.

Los primeros en protestar airadamente ante esta probable modificación fue una reciente organización creada por ex policías, en su mayoría ex comandantes y oficiales que llegaron a ocupar cargos de relevancia en la Policía Nacional. Ellos mencionan que esa composición traería un quiebre en la institución, teniendo en cuenta que ese cuerpo solo lo conforman comisarios generales. Nunca tuvieron voto de personas que no pertenezcan a la fuerza.

Como el rumor nunca falta, la información oficiosa, señala que el verdadero interés de negarse a que sea aprobada esta modificación apunta a los oscuros intereses que los altos comisarios tienen en la estructura. Vínculos con organizaciones criminales, pagos para liberar zonas, soborno, entre otras modalidades de recaudación. La modificación sumaría el control interno a la fuerza. El control sería externo y esto podría desmantelar, supuestamente, una estructura fuerte de recaudación de dinero sucio que alimenta a la fuerza viva, hace varios años.

Cadetes del ISEPOL. Agencia IP

Finalmente la policía siempre fue de papel, y no porque no estén preparadas para cumplir con el rol constitucional. Sino porque dependen del papel que jueguen para ser efectivos en el interés particular que tengan. Se dejan llevar por la marea política porque el sistema los obliga a ser dependientes de la deferencia de un político para subir en la escala de sus carreras. Son de papel porque la corrupción los deja frágiles en un sistema que les genera codicia y se convierte en el círculo vicioso con el paso del tiempo.

Pero debo sumar un solo reglón para aquellos policías honestos. Aún siendo pocos, hacen patria y con el tiempo la corrupción hará metástasis en sí misma, dando paso indefectiblemente a la generación que logre sumar uno más en la depuración.

Óscar Lovera

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