¿Quién es el responsable de las cárceles?

Los responsables de las cárceles y sus reclusos son, el Ministerio de Justicia y los Vice Ministerios a su cargo:

“Ministerio de Justicia, como órgano de cumplimiento del objeto de la pena en cuanto a la reinserción social, interviene en el ámbito de prevención de hechos punibles, ya que como órgano encargado de la reinserción de infractores mayores y de la reeducación de los infractores adolescentes, aplica y desarrolla programas que previenen la comisión de nuevos hechos punibles, a través de la reiteración y reincidencia. Asimismo, como órgano encargado de la internación y atención directa de los infractores a la Ley Penal, le compete la coordinación interinstitucional de políticas de prevención de hechos punibles, que se traduzca en una disminución de casos de ingreso primario a los centros penitenciarios, y redunde en la optimización sistema penal y penitenciario”.

Decreto Ley N° 1796 del 14 de junio de 2014. Por el cual se reorganiza la estructura del Ministerio de Justicia y se crea el Viceministerio de Política Criminal que se encarga de:

“Que la complejidad y diversidad de los reclamos ciudadanos, el reconocimiento de los derechos fundamentales, la necesidad del acceso a una justicia efectiva, y del desarrollo de una política criminal que haga frente a las nuevas formas de criminalidad y a la necesidad de dar prioridad a la prevención de los hechos punibles, son circunstancias que obligan a replantearse las funciones del Ministerio de Justicia. A tal efecto, el Poder Ejecutivo, debe generar políticas públicas tendientes a profundizar el desarrollo de programas de prevención de delitos y crímenes, desarrollar estrategias que optimicen el tratamiento de las personas privadas de libertad para el logro del fin de la pena, así como nuevas formas de solución de conflictos, con un mayor acercamiento a la población, transparencia y desburocratización… es necesaria además la creación de un Viceministerio de Política Criminal a los efectos de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas en materia de prevención y reinserción, política penitenciaria, política penal juvenil y justicia restaurativa…”.-

Entonces, que hayan «avisado» a la Fiscalía por medio de una nota de una posible fuga de reclusos es totalmente improcedente, absurda y una falta total de conocimiento sobre sus funciones y atribuciones o una manera de querer deslindar su responsabilidad, o trasladarla o una manera de querer desprestigiar al Ministerio Público (acusado de ser “cartista”).

Si el Ministerio de Justicia sí tenía la información de una posible fuga, primero: debieron avisar a los Juzgados (Poder Judicial) que condenaron a los cabecillas del PCC, que están en la misma Penitenciaría para que los trasladen de esa cárcel, y mientras tanto, debieron por lo menos cambiarlos de celdas o aislarlos; segundo: si tenían también la información de la corrupción en la Penitenciaría (a su cargo) donde iba a ocurrir la fuga, debieron cambiar a los funcionarios, incluso al Director de la Penitenciaria de ser necesario; tercero: avisar al Ministro del Interior que necesitan resguardar la Penitenciaría, si éste hiciera caso omiso, avisar al Presidente de la República quien es el superior inmediato y responsable.

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son los únicos responsables de los condenados o presos preventivos, la Fiscalía no tiene potestad para intervenir ni controlar lo que sucede en las Penitenciarias, salvo denuncia previa o pedido del Ministerio de Justicia para hacer una intervención para acompañar y actuar si se detecta algún delito o ilícito, no tiene potestad de proveer efectivos policiales para resguardar las penitenciarías; sólo puede investigar un ilícito, la Fiscalía no es una Entidad Preventiva como por Ley son la Policía y el Ministerio de Justicia.

Si hay una denuncia previa o si se publica un posible delito en medios de comunicación, la Fiscalía puede investigar de oficio, no tiene ninguna potestad, menos los recursos para realizar custodia o prevención de un peligro de fuga, esto es potestad única y exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo a través de la Policía y del Ministerio de Justicia que es encargado de las Penitenciarías.

Ese «aviso» de parte del Ministerio de Justicia de la fuga a la Fiscalía, repetimos: “es una falta total de conocimiento sobre sus funciones y atribuciones o una manera de querer deslindar su responsabilidad, o trasladarla o una manera de querer desprestigiar al Ministerio Público”, más parece una forma de tratar de deslindar su exclusiva responsabilidad y la del Poder Ejecutivo.

Una vez que se haya perfeccionada la fuga, es decir una vez que se realizó la fuga recién ahí, la Fiscalía puede intervenir EN la fuga, para investigar como ocurrió el hecho, la complicidad de toda la estructura Penitenciaría o Política, quienes financiaron la fuga, e incluso puede investigar a la propia Ministra de Justicia y a los Vice Ministros, y al propio Presidente de la República para analizar si hubo mal desempeño en sus funciones; que a mi criterio personal, es lo más probable que haya ocurrido.

La Fiscalía es un ente que sólo interviene cuando se realiza un hecho punible de carácter público, investiga el hecho de manera imparcial, si encuentra elementos, imputa, y al final puede acusar. Puede solicitar la orden de captura de un sospechoso pero quien otorga la orden, es el Poder Judicial, con la imputación puede pedir prisión preventiva, quien decide eso es únicamente el Poder Judicial, en un juicio oral quien condena al acusado y decide la condena y donde cumplirá la condena, también es el Poder Judicial. No tiene la autoridad ni la facultad o atribución de enviar a nadie a prisión.

Es importante recordar que: quien solicitó el recorte presupuestario a la Fiscalía, fue el Ministro de Hacienda, es decir el Poder Ejecutivo, y quienes dieron lugar a ese recorte contra este ente, fue el Congreso de la Nación (Poder Legislativo), donde se encuentra realmente la Narcopolítica, donde hay varios investigados, e imputados por la Fiscalía.

Entonces, ¿a quienes les conviene que la Fiscalía sea culpada por éstos hechos? Es simplemente, sentido común…